Una serie de demandas contra periodistas y la controvertida
decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre
indemnizaciones –sin un tope— por difamación, están teniendo un efecto
impactante en el periodismo investigativo y crítico, advierte el
rotativo estadunidense The New York Times.
En su editorial, el diario explica que la recién aprobada ley
anticorrupción, que obliga a los funcionarios a ser más transparentes en
cuanto a sus finanzas, ayudará a acabar con “la cultura del amiguismo y
con los sobornos” en México, pero eso dependerá en gran medida de que
tanto los periodistas puedan investigar e informar sobre la clase
gobernante.
Considera que los legisladores mexicanos podrían aprobar una ley para
hacer más difícil que los funcionarios y otras figuras públicas
demanden por difamación: “El presidente Enrique Peña Nieto, que ha sido
objetivo de acusaciones por sobornos de los que su familia se benefició
para obtener propiedades inmobiliarias, sería atinado al apoyar una ley
como esa. Sería una buena manera de recuperar la confianza de un
electorado al que le ha dado razones suficientes para cuestionar su
integridad y su juicio”.
Y pone como ejemplo a la periodista Carmen Aristegui, y la
investigación de la Casa Blanca de Peña Nieto, “la historia más
importante sobre la supuesta deshonestidad de Peña Nieto”, y quien ha
sido demandada recientemente.
“Tanto Aristegui como su equipo de periodistas documentaron de manera
meticulosa el acuerdo bajo el que una compañía de construcción —que
había obtenido contratos del gobierno muy lucrativos— hizo una mansión
para la esposa del presidente, Angélica Rivera”.
MVS, señala el periódico, la empresa de medios en la que trabajaban, y
que dependía en gran parte de la publicidad de gobierno, se negó a
difundir la historia, según Aristegui. Los periodistas la publicaron en
la página web de Aristegui y, el año pasado, editaron un libro con la
crónica de la investigación y sus consecuencias.
“En julio, Joaquín Vargas, propietario de MVS, demandó a Aristegui
por ‘daño moral’. Esa es una de las diez demandas que se presentaron en
contra de periodistas documentadas por la Organización de Estados
Americanos (OEA)”.
Y cita las palabras de Edison Lanza, el relator especial para la
libertad de expresión de la OEA: “Esto ha encendido las alarmas”,
“Parece que algunos funcionarios se están beneficiando”.
En otro caso, menciona al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira,
que en julio presentó querellas en contra de dos periodistas por
artículos que hacían referencia a acusaciones por corrupción que lo han
perseguido desde hace tiempo. “Uno de los periodistas afectados, Sergio
Aguayo, ha mencionado que sospecha que la demanda en su contra fue
presentada para detenerlo en su investigación sobre una matanza en
Coahuila que sucedió en 2011. El exgobernador lo está demandando por 10
millones de pesos (unos 535.000 dólares)”.
Peña Nieto, sigue el diario, quien a la fecha no ha explicado con
claridad los acuerdos que ha hecho con las constructoras, se disculpó en
julio, sin embargo, esa disculpa “sería más creíble si el presidente
encabezara un esfuerzo por evitar que las personas con poder se
aprovecharan de los recursos legales para intimidar a la prensa”,
concluye The New York Times.
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