El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, enfrenta
cargos por presuntos actos de corrupción. Un juez ordenó procesarlo
únicamente por ejercicio indebido de funciones, pese a que las
autoridades le imputaban tres delitos. La Fiscalía Anticorrupción no
pudo acreditar los otros dos ilícitos de peculado y daño al patrimonio
del Estado. Desde que el actual mandatario Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco,
estaba en campaña prometió investigar a Medina y sus colaboradores por
presuntos irregularidades. Una vez que ganó la elección anunció que una
de sus primeras acciones sería realizar una auditoría de la
administración saliente. “Nos dejaron la casa sucia e hipotecada, las
columnas derruidas, por el delirio de los que se creyeron reyes y no
gobernantes”, dijo en octubre pasado al tomar protesta como el primer gobernador independiente del país.
En diciembre de 2015 el actual mandatario creó la Fiscalía
Anticorrupción para investigar el mal manejo de recursos públicos y el
presunto daño patrimonial cometido por diversos servidores públicos al
mando de su antecesor. A principios de junio la Fiscalía anunció el
embargo precautorio de los bienes del exgobernador Medina y nueve
exfuncionarios de su administración. Además los inhabilitó para ocupar
cargos públicos durante 10 años en el gobierno estatal.
Jaime Rodríguez
ha acusado a Medina de haber dejado una deuda de casi 90.000 millones
de pesos (unos 5.000 millones de dólares). La Fiscalía anticorrupción
anunció en junio pasado que investigaba un presunto desvío de 2.300
millones de pesos (127,7 millones de dólares) que se destinó a obras que
nunca se realizaron, o que fueron liquidadas y no se concluyeron.
También encontró irregularidades en 117 contratos públicos y señaló que
indagaba a un exmandatario (sin decir nombre) que realizó 32 viajes
gratis con su familia a Estados Unidos en un avión privado que era
propiedad de un constructor favorecido con obras estatales.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía sólo consiguieron que la
autoridad judicial le imputara el delito de ejercicio indebido de
funciones. El juez de control, Jaime Garza Castañeda concluyó que el
exmandatario actuó dolosamente y tenía conocimiento de que incurría en
un delito. Según el ministerio público que formuló las acusaciones,
Medina permitió que le fueran entregados indebidamente incentivos por
3.600 millones de pesos a la armadora de autos coreana Kia, violando con
ello la ley de inversión del Estado. En la audiencia estuvo presente
Medina de la Cruz, quien aseguró que no había cometido ningún delito.
Rodrigo Medina,
del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien
fue gobernador de Nuevo León de 2009 a 2015, no podrá pisar la cárcel
porque cuenta con la protección de un juzgado ante cualquier acto que
busque privar o restringir su libertad. El fiscal anticorrupción,
Ernesto Canales, destacó que el fallo es inédito y significa un triunfo
para la Fiscalía. “Un gobernador será juzgado” destacó en entrevista
radiofónica. La pena por el delito de ejercicio indebido de funciones
puede ser de 2 a 12 años de cárcel y sólo se alcanza fianza si la
condena impuesta es mayor a 5 años, explicó Canales. El abogado de
Medina, Adolfo Aguilar Zinser, dijo que su cliente impugnaría el fallo
del juez.
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